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Nueva Unidad Fiscal Especializada en ciberdelincuencia inició sus funciones

Desde el 2013 hasta el 31 de julio de 2020 ingresaron a las Fiscalía 21 687 denuncias por delitos informáticos.
14:56 h - Lun, 22 Feb 2021

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las herramientas digitales que han aparecido en los últimos años, los delitos informáticos se han vuelto cada vez más frecuentes y están afectando gravemente a la ciudadanía.

En respuesta al incremento de la ciberdelincuencia en el país y en el marco de los compromisos asumidos por el Estado Peruano con la suscripción del Convenio de Budapest, el Ministerio Público dispuso –en diciembre de 2020– la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que el lunes pasado inició sus funciones. 

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Para este efecto, la Fiscalía de la Nación dispuso la creación de la Red de fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional, conformado por 64 fiscales –34 titulares y 30 alternos–, que serán los puntos de contacto entre los distritos fiscales y la mencionada unidad. Cabe precisar que todos ellos integrarán la red en adición a las funciones que actualmente vienen desempeñando. 

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia con competencia nacional tiene entre sus objetivos específicosefectuar la orientación técnico-jurídica en las investigaciones de los delitos cometidos por medios tecnológicos, desde la identificación y preservación de la evidencia digital. 

En esa línea, brindará acompañamiento técnico a los fiscales en la realización de la investigación en los delitos previstos en Ley de delitos informáticos, la estafa agravada realizada para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario; y aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación. 

También unificará criterios en procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia, elaborando directivas, lineamientos, instructivos, guías u otros, en el ámbito de su competencia, que orienten a los fiscales penales a nivel nacional en la realización de las investigaciones.

La unidad también coordinará con las presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional sobre el apoyo necesario para el debido cumplimiento de las funciones asignadas. De la misma forma se hará con los organismos estatales y privados afines a la materia de ciberdelincuencia. 

Para la atención de los requerimientos en el marco de la Red 24/7, del Convenio de Budapest, coordinará con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación y con las diversas redes internacionales, como CiberRed, REDCOOP de la AIAMP, Iberred y otros para brindar respuesta inmediata a los casos. 

Ciberdelitos en cifras

Según las estadísticas de la Oficina de Racionalización y Estadística (Orace) del Ministerio Público, desde el 22 de octubre de 2013 al 31 de julio de 2020 ingresaron a las Fiscalías Penales Comunes Especializadas y Fiscalías Mixtas 21 687 denuncias por delitos informáticos.
 
Los delitos contra el patrimonio representan el 42% (9014) de los delitos informáticos, seguido de los delitos contra la fe pública (4%), contra datos y sistemas informáticos (3%), contra la indemnidad y libertad sexuales (2%) y contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones (1%). 
 
En ese mismo período se identificaron 542 fiscalías en 34 distritos fiscales que registraron denuncias por delitos informáticos. El 21% (4493) de las denuncias se registró en 11 fiscalías de cuatro distritos fiscales: Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad.

A la fecha, el 58% (12 608) de las denuncias han sido archivadas y el 41% (8842) está en proceso de investigación y juzgamiento, 125 fueron sobreseídas y cuatro se acogieron a la terminación anticipada. De acuerdo con la información estadística registrada, en 108 casos se llegó a sentencia.

De esta manera se marca el inicio de una especialización en la materia en el Ministerio Público con el único fin de dar una respuesta certera a este tipo de delitos que suponen un desafío para el Sistema de Justicia.


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