El pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que sanciona el acaparamiento y especulación durante el estado de emergencia por COVID-19.

La norma, que había sido observada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de julio, obtuvo 121 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones. Además, recoge varias propuestas legislativas para sancionar en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción.

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“Queda clara la posición equivocada del Gobierno, buscando proteger los intereses económicos de algunos empresarios. Nosotros rechazamos la postura del presidente Vizcarra en observar esta ley”, dijo José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En tal sentido, la especulación y alteración de pesos y medidas será sancionado con prisión efectiva no menor de 2 ni menor de 6 años. Sin embargo, si la especulación se comete durante un estado de emergencia declarado por el presidente de la República, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años.

El Poder Ejecutivo, a través de un oficio dirigido al titular del Parlamento, Manuel Merino, el Gobierno explicó que la norma “vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas”, debido a que no desarrolla “de manera expresa e inequívoca el contenido de la conducta prohibida”.

“La propuesta ha vulnerado los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas, por ende, no es posible que sea a través de esta regulación que se logre cubrir esta necesidad manteniéndose el vacío de protección”, se lee en el documento firmado por el presidente Martín Vizcarra.