La presidenta del INPE, Susana Silva Hansembank, dio a conocer que 8 servidores del instituto y 9 internos de los penales han fallecido en esta segunda ola de COVID-19 en el mes de enero del presente año.

En vista que el año pasado hubo un 54% de casos de contagios en los 68 penales del país, hoy se continúa con las medidas de prevención, lo que significa que no se han reabierto las visitas para los internos y se sigue con las respectivas videollamadas, indicó.

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En diálogo con Cara A Cara recordó que el año pasado murieron a consecuencia del COVID-19, 446 internos y 46 trabajadores del INPE.

Teniendo en cuenta que la población de los penales es altamente vulnerable a las diversas enfermedades como el coronavirus y la tuberculosis se necesita una atención especial en salud, expresó.

Entre las medidas paar evitar el hacinamiento en los penales se logró que el año pasado 4 700 personas salieran en libertad, pero confesó que no estaba satisfecha.

En el país hay que implementar los grilletes electronicos y podrían ser 5 mil los beneficados, manifestó. Lamentó que a la fecha tan sólo hay 37 internos que están libres con grilletes, pero eso se debe a que muchas autoridades judiciales tienen una excesiva mentalidad de carcelería. Para ellos una persona tiene que ir obligatoriamente a la cárcel ante cualquier causa, agregó.

Consultada como abogada en torno al caso de la ética que debe tener un funcionario público, Silva dijo que había muchas zonas grises en la norma que sirve para que alguien se ampare y diga que no cometió un delito, cuando en rigor una falta en lo ético también es algo ilícito.