El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima incluyó como nuevos investigados a dos exservidores de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura, con el fin de ampliar la investigación preliminar por la presunta irregular contratación del proveedor, Richard Cisneros Carballido.

Se trata del excoordinador de prensa y comunicaciones del Despacho Presidencial Óscar Manuel Vásquez Zegarra, y de la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Patricia Aída Dávila Tasaico.

Ambos serán investigados por los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible; atribuyendo además al primero, el delito de obstrucción a la justicia, según precisa la disposición emitida por la fiscal provincial, Janny del Pilar Sánchez Porturas Ganoza de Curotto.

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En el caso de Vásquez Zegarra, se le imputa haberse reunido con Richard Cisneros el 18 de abril del 2018 en los ambientes de Palacio de Gobierno (antes de su inscripción formal como proveedor del Estado el 17 de julio de ese año), con el fin de realizar acuerdos subrepticios en coordinación con Miriam Morales Córdova y demás altos funcionarios, para viabilizar las contrataciones directas.

Asimismo, porque habría inducido a testigos para que declaren falsamente sobre los registros de autorización de ingresos y reuniones previas del mencionado proveedor en Palacio de Gobierno.

En cuanto a Dávila Tasaico, se le atribuye que durante el ejercicio de su cargo se habría reunido el 12 de junio del 2019 para acordar y coordinar con Cisneros Carballido, así como disponer la viabilización de un total de cuatro órdenes de servicio a favor del artista.

Testimonio de exministros

Conforme a la agenda fiscal, se recibirá la declaración testimonial de los exministros de Cultura: Rogers Valencia Espinoza, Ulla Holmquist Pachas, Luis Jaime Castillo Butters y Francisco Enrique Hugo Petrozzi Francos; en cuyas gestiones entre el 2018 y el 2019 se habrían tramitado y emitido las cuestionadas ordenes de servicio, según señala el documento del Ministerio Público. De momento se cuenta con el testimonio de la extitular, Patricia Balbuena Palacios.

Si bien los exfuncionarios gozan de las prerrogativas constitucionales referidas a la inmunidad (antejuicio), de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal Janny Sánchez considera necesario recoger su testimonio, de conformidad con el artículo 167 del Código Procesal Penal.

Cabe precisar que la individualización e integración de los dos nuevos investigados responde a la obtención de relevantes indicios, tales como correos electrónicos, la declaración de un aspirante a colaborador eficaz y los audios propalados por medios periodísticos.