Zoraida Ávalos: Constitución considera que se pueden dar leyes por la naturaleza de las cosas
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió tener mucho cuidado y ser muy escrupulosos con el tema que ha surgido a raíz de la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y qué hacer con su cadáver. Es hora de buscar soluciones y no culparnos por no haber previsto la situación antes, añadió.
Indicó que la Fiscalía presentó un proyecto de ley que es una modificatoria a la Ley General de Salud que prevé la entrega de cadáveres. Según el artículo 103 de la Constitución se precisa que se pueden dar normas especiales por la naturaleza de las cosas y no por la naturaleza de las personas, puntualizó.
En diálogo con Cara A Cara, Ávalos subrayó que ésta no es una ley aplicada a razón de las personas, sino a situaciones. El objetivo del proyecto de ley es llenar un vacío legal y servirá para darle una herramienta a los jueces y fiscales para disponer del destino final de los cadáveres cuando la entrega, el traslado o sepelio puedan generar un transtorno, un quebrantamiento del orden público o un problema de seguridad nacional, puntualizó.
Estamos en una situación urgente, sostuvo la fiscal de la Nación al responder la pregunta sobre cuál sería la velocidad para la aprobación de la ley en el Congreso de la República. Ávalos consideró que se le va a dar un trámite rápido de acuerdo a todo el debate que se ha suscitado alrededor de lo ocurrido.
Creemos que si va a ser una modificación de una ley tiene que ser a través de otra ley y eso tiene que verlo el Parlamento que da las leyes en el país, expresó la fiscal. Por esa razón pidió ser cuidadosos en el tema, porque un Decreto Supremo no es lo mismo que una ley. Además recordó que los seguidores del cabecilla terrorista son muy asiduos a recurrir a los organismos internacionales y este caso podría llegar a esas instancias.
No es el momento de echarnos la culpa por no haber previsto esta situación antes, lo importante es buscar soluciones, manifestó, reiterando que esta no es una ley aplicada a razón de una persona en particular, sino a una situación en la que hay que proteger la seguridad del Estado y el orden público.
