El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, reafirmó hoy, al cumplirse los primeros seis meses de su gestión, su compromiso de seguir trabajando por un país más justo, equitativo y con mejores oportunidades para todas y todos. Al mismo tiempo, destacó lo avanzado en este periodo en materia de justicia y defensa de los derechos humanos.

En cuanto al acceso a la justicia de la población vulnerable, materia en la que el MINJUSDH puso especial atención en estos seis meses, desde la Dirección de Defensa Pública se brindaron 145,247 patrocinios y 281,669 servicios de asistencia legal.

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Asimismo, se realizaron cinco megacampañas nacionales de orientación legal y seis megacampañas regionales, además de cinco conciliatones, para impulsar el uso de la conciliación como herramienta alternativa para la solución de controversias. También se reactivaron los servicios de la Defensa Pública en los penales.

Además, se impulsaron seis normas legales, entre estas el proyecto que crea y regula el beneficio penitenciario de libertad vigilada humanitaria de la pena; la iniciativa para la protección y asistencia a dirigentes comunales y/o indígenas u originarios en riesgo; el proyecto de reforma constitucional que fortalece el juicio y antejuicio político; la propuesta de castración química para violadores; la norma que fortalece el marco constitucional económico actual a fin de enfrentar los monopolios económicos, entre otras. 

En el marco de la gestión descentralizada que puso en marcha desde un primer momento, el ministro realizó constantes visitas de supervisión a las instituciones adscritas al sector, en Lima y provincias, con el fin de verificar los servicios que brindan a la ciudadanía. Supervisó las sedes de la Sunarp de Chiclayo, Lima, Piura, Cusco y Pucallpa, y realizó visitas de trabajo a ocho establecimientos penitenciarios y cuatro centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

En estos seis meses se impulsaron 18 operativos en penales del país, en coordinación con el Ministerio público y la Policía Nacional, para reforzar el control en el interior de estos recintos, y se dispuso la reanudación del 100% de los talleres productivos en los establecimientos penitenciarios. A la fecha, el 94.24% de la población penal tiene la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En la actualidad, más de 23 mil personas privadas de la libertad desarrollan diversas actividades laborales en los establecimientos penitenciarios del país, como parte del trabajo de resocialización. Y en el lapso de los últimos seis meses, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) consiguió que 99 adolescentes en conflicto con la ley penal se inserten en instituciones de educación superior universitaria, técnica y pre universitaria. 

El MINUSDH participa también en la Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia El Porvenir, en Trujillo, con especialistas de la Defensa Pública, y ha dado inicio a la Encuesta de Población de Centros Juveniles de Lima Metropolitana 2022, que permitirá contar con información actualizada sobre las trayectorias de vida, caracterización criminológica y expectativas de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En materia de servicios registrales, la Sunarp ha implementado el Programa de inclusión registral Expoferia Registral Sunarp, el Programa Sunarp en tu Pueblo, el Sistema Integrado de Normativa Registral, la presentación electrónica por el SID Sunarp de resoluciones administrativas de INDECOPI y programas de inclusión registral a nivel nacional.

De otro lado, respecto a la atención a las víctimas del periodo de violencia 1980 – 2000, se transfirieron 33.5 millones de soles para la ejecución de proyectos productivos y de infraestructura, se atendió con reparaciones colectivas a 200 comunidades y colectivos y se apoyó el inicio de la construcción del Santuario de la memoria La Hoyada, en Ayacucho.

También se viene trabajando en la implementación descentralizada del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH y se avanza en el diseño y formulación de la Política Nacional Multisectorial de DDHH al 2030.

Se crearon tres Mesas Regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Ucayali, Madre de Dios y San Martín, para realizar el seguimiento de casos y desarrollar acciones para mitigar o neutralizar los riesgos que afrontan especialmente los defensores ambientales.