Estado de emergencia en Lima y Callao: conoce las medidas que regirán desde este miércoles
Gobierno declara emergencia por 30 días para enfrentar ola de inseguridad en la capital. Foto: Andina.
El presidente José Jerí anunció el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, que entrará en vigencia a partir de la medianoche del miércoles 22 de octubre y se extenderá por los próximos 30 días calendario.
Junto con dicha medida, el Ejecutivo aprobó otras disposiciones que la acompañarán para enfrentar la criminalidad. Conoce de cuáles se trata:
RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS
Durante el estado de emergencia se restringen algunos derechos constitucionales, como la libertad personal —permitiendo a la Policía detener a personas sin orden judicial si hay sospecha razonable—, la inviolabilidad del domicilio —autorizando el ingreso a viviendas en operativos— y la libertad de reunión y tránsito, lo que faculta a las autoridades a prohibir concentraciones o limitar desplazamientos en zonas determinadas.
Además, la realización de eventos religiosos, culturales o deportivos masivos requerirá autorización especial.
INTERVENCIÓN DE LA PNP Y FF. AA.
Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) podrán usar la fuerza conforme a las normas establecidas en los Decretos Legislativos 1186 y 1095, respectivamente. Ambas instituciones actuarán de manera conjunta bajo protocolos de coordinación, realizando detenciones, patrullajes, operativos de control de identidad y allanamientos sustentados en información de inteligencia.
MEDIDAS DE CONTROL PENITENCIARIO, TERRITORIAL Y JUDICIAL
En los penales se restringen las visitas, se permitirá solo iluminación en celdas y se eliminarán antenas de telecomunicaciones ilícitas.
El Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del INPE y otros funcionarios.
Se fortalecerán las unidades de flagrancia para una respuesta judicial rápida y se brindará seguridad especial a jueces y fiscales.
Las fuerzas combinadas —integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo— realizarán operativos focalizados, patrullajes, controles de identidad, decomisos de armas y fiscalización de insumos químicos, además de prohibir el tránsito de dos adultos en una motocicleta.
Finalmente, el Comité de Fiscalización ejecutará operativos contra mercados ilegales vinculados a la trata de personas, narcotráfico, armas, autopartes y venta irregular de chips y celulares usados para extorsiones o secuestros.
SESIÓN PERMANENTE
Se declara en sesión permanente, durante la vigencia del estado de emergencia, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), a los Comités Regionales y Distritales de Seguridad Ciudadana (Coresec) y (Codisec) de Lima Metropolitana y el Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y a los comités creados mediante este decreto supremo.
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE COORDINACIÓN
El Ejecutivo dispuso la conformación de cuatro comités especiales para dirigir la emergencia: el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que encabezará la estrategia general; el Comité de Inteligencia (CI), encargado de centralizar y analizar la información; el Comité de Fiscalización (CF), liderado por el Ministerio de Transportes, que supervisará operativos contra actividades ilícitas y creará un registro nacional de fiscalización; y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), presidido por la PCM y el IRTP, responsable de la estrategia informativa.
INFORME SOBRE RESULTADOS
Precisamente, el Centro de Comando y Control (CCO) informará al titular del Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos antes de la culminación del estado de emergencia. Dicho informe será remitido a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
Cabe indicar que la ejecución de las acciones dispuestas en el presente decreto supremo se financiará con el presupuesto institucional de los sectores involucrados y con los recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas.
El documento lleva la firma del presidente José Jerí, el premier Ernesto Álvarez y los ministros de Defensa, Interior, Economía, Justicia y Transportes.
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