Luego que la Corte IDH ordenara archivar las acusaciones constitucionales contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, uno de ellos, aseguró que el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad tuvo la obligación de pronunciarse ante el intento de “constreñir” el caso El Frontón.

“No hemos ni abierto ni cerrado (el caso). Aquí había la intención de constreñir el caso y hacer decir a una persona (Juan Vergara Gotelli), que no estaba en condición de defenderse por un tema de salud, que era el Tribunal que ponía las pautas de cuánto se podía discutir; y no, esta persona no votó en este sentido”, afirmó en Cara a Cara.

Sostuvo que tanto él como sus colegas simplemente hicieron su trabajo y que este no tiene connotación política o de un interés personal. “Somos jueces, tenemos que cumplir la Constitución y los parámetros convencionales que el país ha aceptado voluntariamente”, precisó.

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Explicó que de acuerdo al fallo de la Corte IDH, no puede abrírsele un proceso a un magistrado por hacer su trabajo, amenazarlo con la posibilidad de destituirlo o suspenderlo. “Eso conspira contra a resolución clara del caso y contra la independencia de ese magistrado”, arguyó.

Agregó que para el Tribunal Constitucional el Poder Judicial debe seguir con el proceso para determinar las eventuales responsabilidades materiales e intelectuales de lo ocurrido en el penal de El Frontón el 18 y el 19 de junio de 1986.