El abogado Alberto Otárola, defensor de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que no se ha dejado ningún punto sin tratar durante la visita al Congreso de la República donde rechazó dos denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, agregó, que tiene la certeza que terminarán archivadas.

“Ha sido una presentación extensa en donde no hemos dejado ningún punto sin tratar, respecto de dos denuncias constitucionales, la 268 y 269, que tratan de la supuesta afectación de los artículos 36 y 126 de la Constitución”, señaló.

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Como en toda sesión del Congreso ha habido un debate, algunas escaramuzas propias del lugar, pero, en general, digamos, estamos absolutamente seguros de que la subcomisión va a archivar estas denuncias constitucionales, manifestó el jurisconsulto.

Indicó que vio muy segura a la vicepresidenta Dina Boluarte. Recordó que estos últimos meses fueron muy complejos para ella. “Siempre anunciaba su visita al Parlamento para defenderse y eso es lo que ha hecho en este día”, precisó.

Como se informó, las denuncias se originaron por supuestamente cumplir funciones administrativas en el Club Departamental Apurímac ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, según informe de la Contraloría General de la República.

Otárola explicó que lo que hizo la vicepresidenta aquella vez “fue una regularización registral, pero de una manera audaz la Contraloría arma un expediente de supervisión de su declaración jurada. Y señala que lo que está firmado son actos de gestión que están infligiendo el artículo 126 de la Constitución. Y es eso lo que notifica al Congreso”. 

“Aquí vemos dos cosas: un caso si se quiere, digamos, “armado”, “coordinado”; hoy se dijo que era un juego de pared entre la Contraloría y un sector del Congreso. Y dos imputaciones inoficiosas, írritas, que no se condicen con lo que realmente quiere el artículo 126 de la Constitución”, detalló.

También sostuvo que presentaron el debate entre los constituyentes del año 1993. “O sea, los abogados decimos cuál es la ratio legis: qué quisieron decir los legisladores. Al poner el artículo 126 de la Constitución se quería que el ministro no administre fondos públicos en detrimento del Estado, que no promueva actos de corrupción, que no favorezca empresas”, concluyó.