Ante el iniciado paro de 48 horas de la región Cusco, la ministra de Cultura explicó y defendió el D. L. 1198, que permite “optativamente” al Estado promover la participación privada en la gestión cultural del patrimonio arqueológico, que no haya sido declarado patrimonio mundial o de la humanidad.

Diana Álvarez Calderón descartó –como aseguran sus opositores- que se trate de una norma privatista. “Hemos creado es un convenio de gestión ad hoc, diferente a lo que puede ser una concesión”, dijo la alta funcionaria, que también resaltó que la iniciativa tampoco modifica la propiedad exclusiva estatal sobre el patrimonio cultural (entre los que están 19 mil 900 sitios arqueológicos) y su condición de intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad.

Precisó que el Decreto Legislativo propone “Convenios de gestión cultural”, en los cuales la tutela del Patrimonio, la significación de éste y su acceso público, no se ponen en riesgo.

Se hará “transparentemente, por medio de un concurso, no se puede otorgar por más de 10 años y el Ministerio de Cultura decidirá, junto con quien viene a proponer algún tipo de convenio de gestión, cómo se hará, en qué lugar…”, sostuvo, sobre una medida cuya aplicación deberá ser coordinada con las autoridades locales.