Con 16 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.

A ese acuerdo se llegó en la sesión dirigida hoy por su presidenta, la congresista Lady Camones Soriano (APP).

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Se trata de la denuncia constitucional 307 formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en cuyas conclusiones presentadas por el congresista delegado Diego Bazán (Avanza País) también se acusa al exmandatario por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado. Así también se le acusa de ser presunto cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión.

En el informe final también se propone acusar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, así como por el delito contra la administración pública, colusión.

También se propone acusar al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.