El acuerdo de colaboración eficaz que firmó Odebrecht con la Procuraduría y el Ministerio Público es visto con reticencia por el expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado, quien se manifestó en contra de liberar “pródigamente” a empresas que han mostrado una cultura criminal.

Dijo que las concesiones que se han suscrito en el caso de Odebrecht tienen una perspectiva más de costo-beneficio que de realización de justicia, y que el Poder Judicial deberá realizar una homologación al respecto y validar que esos acuerdos no excedan los límites de lo tolerable normativamente.

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“Eso siempre va a generar controversia en torno a si es posible que un estado soberano, que postula un régimen de defensa de la justicia a lucha abierta contra la corrupción se vea a través de sus instituciones en la necesidad de tranzar, de negociar con personas jurídicas que han mostrado en los hechos una cultura negativa, criminal y que compromete la integridad de la administración pública”, precisó en Cara a Cara.

Asimismo, sostuvo que no contar con un marco normativo adecuado para hacer frente a la presencia de estas personas jurídicas permite que no se lleguen a establecer penas y se consideren solo sanciones administrativas.

“El desarrollo de procedimientos especiales para atender la responsabilidad penal de personas jurídicas involucradas en delitos, donde además coincide con la presencia activa de personas expuestas políticamente, es algo que sale de los márgenes ordinarios del tratamiento procesal y penal que se da a los delitos”, acotó.