La abogada penalista, Romy Chang, dijo que tendría consecuencias serias en caso de mostrarse que Perú Libre (PL) sí incurrió en actos de corrupción y que es correcta la hipótesis del Ministerio Público (MP) en el sentido que sería una especie de organización criminal que vendría siendo utilizada para lavar dinero proveniente de la corrupción y el pago de ciertas cuotas que se cobraban ilegalmente.

“Si eso se demostrase se aplicarían las fuerzas penales previstas para el lavado de activos para las personas jurídicas, en este caso, organización política que podría resultar su cancelación como grupo político. Recordemos que esto viene siendo un pedido del fiscal José Domingo Pérez por el partido Fuerza Popular (FP)”, precisó la abogada.

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Explicó que los otros involucrados serían los individuos de este caso, por ejemplo, Vladimir Cerrón y los líderes de PL que eventualmente habrían utilizado a este ente para realizar actos de corrupción y conseguir más ingresos.

“Nótese, además, que la participación del señor Cerrón sería bastante delicada en este caso porque se dice que, incluso, juntaba dinero para pagar sus reparaciones civiles, o sea, lo montos de indemnización que debería asumir por otros procesos penales donde se habría condenado”, comentó.

Si así resulta, añadió Romy Chang, se observaría, según lo que indica la fiscalía, “un claro direccionamiento de los fondos captados ilegalmente por el partido para beneficiar a uno de sus miembros sumado a lo que dice Vladimir Cerrón que es miembro del partido y los demás son invitados”.

El Ministerio Público establecerá si se trata de aportes voluntarios “como lo ha indicado Dina Boluarte o se imagina de una cuota que deberían pagar todas las personas que habrían recibido sus puestos a cambio de otorgar ese dinero”.

Y añadió: “eso sí va a poder ser corroborado no sólo por declaraciones de colaboradores eficaces sino también siguiendo la ruta del dinero y siguiendo las llamadas telefónicas, observando a qué se dedicaban las personas que supuestamente aportaban”.