El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.

Explicó que dicha iniciativa pretende que la Onpe se pronunciarse en primer lugar sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos, cuando la persecución del delito está a cargo del Ministerio Público.

[Lee también: Fiscal Domingo Pérez interroga a congresista Miguel Castro]

“No (se puede) poner (el pronunciamiento de la Onpe) como una cuestión previa; o sea ponerle un parámetro al accionar del Ministerio Público para que solo pueda actuar después de que un organismo político institucional, como es la Onpe, se pronuncie”, sostuvo en Cara a Cara.

Consideró, además, que la incorporación del artículo 359 A en el Código Penal consigna penas para lavado de activos menores a las vigentes cuando este delito se desarrolla en el interior de una organización política.

“Este es un hecho grave porque se pretende disminuir la criminalidad (del lavado de activos) cuando esta organización haya tenido fines políticos, lo cual es ciertamente una exclusión no conveniente”, acotó.

En ese sentido, indicó que desde la bancada de Nuevo Perú se plantea que el debate de este proyecto se postergue hasta conocerse los resultados del referéndum, para que en base a ellos se hagan leyes de desarrollo.