La Asociación Civil Transparencia propone que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República sea integrada por representantes de la sociedad civil y no por legisladores. 

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que esta eventual medida ayudará a evitar “blindajes” al interior del Parlamento. 

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“Los propios congresistas que conforman la Comisión de Ética son quienes actúan en la práctica como acusadores y también son los que terminan decidiendo la sanción en el Pleno. Ese modelo hace difícil que se puedan imponer sanciones”, declaró para TVPerú Noticias. 

Además de esta iniciativa, Lanegra propone que los delitos graves que cometan los congresistas sean resueltos en otras instancias.

“Se tiene que garantizar un mecanismo que asegure que el blindaje que dé el Congreso no sea suficiente para evitar las investigaciones de las otras autoridades”, añadió. 

Para que esta propuesta sea posible, se deberá hacer un cambio en el Reglamento del Congreso. 

Desde el Parlamento, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), dijo no apoyar esta medida y consideró que debe ser el propio Poder Legislativo el que se autoregule. 

“El Congreso tiene que aprender a autorregularse. El Congreso tiene que aprender que cuando hay un mal congresista, tiene que irse. Las bancadas y los partidos tienen que hacerse cargo”, expresó a los medios de prensa. 

ANTECEDENTES

En horas de la mañana, la congresista María del Carmen Alva denunció a su colega de bancada Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). Esto tras la denuncia periodística de presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.

En el documento dirigido a Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, la parlamentaria también pidió que a Flores Ancachi se le investigue por el presunto soborno de 250 000 dólares.

En tanto, la Comisión de Ética notificó al parlamentario Flores Ancachi sobre el inicio de la indagación preliminar. Anteriormente, este grupo de trabajo ha visto denuncias similares contra otros legisladores por recorte de sueldos, quienes no han sido suspendidos de sus labores por voto de los propios legisladores.