Presidenta Dina Boluarte se pronunció por denuncia de la fiscal de la nación
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La presidenta Dina Boluarte se pronunció tras la denuncia presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en su contra. Foto: TVPerú Noticias.
La presidenta de la república, Dina Boluarte, emitió un pronunciamiento luego de que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, anunciara que presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.
Acompañada de los ministros de Estado desde Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte consideró "sospechoso y grave" la presente denuncia, luego que los Fiscales Supremos Titulares hayan exigido su renuncia como fiscal de la nación tras ser acusada de presuntamente liderar una organización criminal.
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“Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación que tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, manifestó.
En ese contexto, la jefa de Estado indicó que las investigaciones contra la fiscal de la nación y sus colaboradores cercanos se deben realizar "con absoluta transparencia, objetividad, celeridad y respetando el debido proceso legal".
PRESIDENTA DINA BOLUARTE RATIFICÓ LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
La presidenta Dina Boluarte también ratificó el compromiso de su Gobierno en la lucha frontal contra la corrupción, pues mencionó que "esta debe ser sin injerencias ni presión política como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegarían hasta la fiscal de la nación".
Asimismo, expresó "su pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, incluidos la independencia del Ministerio Público y de los procesos que se resuelven en sus fueros internos".
Finalmente, invocó la calma y pidió a las autoridades políticas jurisdiccionales, al Congreso, a la sociedad civil, a defender el estado derecho, la estabilidad económica del país y los derechos fundamentales de los 33 millones de peruanas y peruanos.