Presidenta del PJ: Poder Judicial, Policía, Fiscalía y Defensa Pública requieren presupuesto adecuado para combatir la inseguridad
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, participa en la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana. Foto: difusión.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su preocupación por la falta de un presupuesto adecuado para la Policía, Fiscalía, Defensa Pública y Poder Judicial en las unidades de flagrancia delictiva, pues constituyen uno de los mecanismos eficaces para luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Si no hemos podido avanzar o dar otros pasos es porque también el tema presupuestal es una barrera, habíamos trasladado esta preocupación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aquí lo volvemos a señalar”, remarcó.
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La autoridad señaló que el Poder Judicial está atento para responder ante la creciente criminalidad que afecta a la ciudadanía, sin embargo, sostuvo, que es el último en el eslabón de la cadena presupuestal.
Así lo expresó durante la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana realizada en el Congreso de la República, con participación de representantes del Legislativo y Ejecutivo, así como representantes de los gremios de transporte.
PLANTEAN UNIDAD ELITE PARA COMBATIR EXTORSIÓN Y SICARIATO A NIVEL SUPRAPROVINCIAL
La magistrada recordó que existen planteamientos para que el periodo de la flagrancia sea de 72 horas, que la detención preliminar se extienda a 15 días, y contar con una unidad de flagrancia especializada en extorsión y sicariato con un cuerpo de élite especializado, por lo menos, a nivel supraprovincial.
“Este era uno de los acuerdos que le estábamos dando forma para plantearlo ahora, pero, sobre todo, contar con los recursos para los laboratorios criminalísticos de la Policía Nacional porque, de lo contrario, no podemos hacer nada”, señaló.
La titular del Poder Judicial expresó que para esto se requiere una norma que permita la exoneración para la compra de los insumos que se necesitan para el funcionamiento de los mismos.
Tello Gilardi informó que en las unidades de flagrancia del país sí se han juzgado casos de extorsión, los cuales han sido sancionados con las penas correspondientes.
Agregó que, en general, son más de 26 000 casos ingresados, de los cuales el 90 % están resueltos, y dentro de estos hay casos de extorsión y de robo agravado que han sido sentenciados, incluso a más de 20 años.
El parte final de su intervención, la autoridad judicial expresó su consternación por el asesinato de dos jueces de paz, uno en Cañete y otro en La Libertad, a manos de presuntos traficantes de terrenos.
Esta jornada mesa de trabajo fue presidida por el titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, y asistieron también el fiscal de la nación (i), Tomás Gálvez Villegas; el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, entre otras autoridades.
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