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Poder Ejecutivo apuesta por un mercado laboral dinámico y competitivo

Carlos Espinoza Carranza, asociado senior del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas analiza las medidas propuestas por el Ejecutivo destinadas a generar un mercado de trabajo eficiente e institucionalizado.
15:41 h - Sáb, 10 Ago 2019

En su reciente mensaje a la nación, Martín Vizcarra se refirió a la aprobación del documento “Plan Nacional de Competitividad y Productividad, mediante el cual se han propuesto ochenta y cuatro medidas de política articuladas que tienen como finalidad cumplir con los nueve “Objetivos Prioritarios” establecidos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

El Objetivo Prioritario N° 5 está referido al mercado laboral, para el cual se han planteado medidas que buscan crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo.

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Entre las propuestas, se ha planteado la modificación del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo en los siguientes aspectos: (i) posibilidad de prorratear el pago mensual de los beneficios sociales; (ii) establecer qué motivos económicos habilitarían a los empleadores a realizar ceses colectivos; (iii) implementar un procedimiento médico que permita determinar la invalidez absoluta y permanente de los trabajadores; (iv) autorizar digitalización de las boletas de pago y otros documentos laborales; y, (v) fijar nuevos límites a la jornada de trabajo a tiempo parcial.

Al respecto, Espinoza Carranza considera que «la actualización del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo debería armonizarse con las normas que -a la fecha- regulan las materias que se pretenden abordar; como, por ejemplo, los ceses colectivos por motivos económicos (Decreto Supremo N° 013-2014-TR) y las medidas de simplificación administrativa con incidencia laboral (Decreto Legislativo N° 1310)».

Resulta positivo que se haya abordado tema referido a la declaratoria de invalidez absoluta y permanente. En esa línea, el mencionado especialista nos indicó que: «si bien dicho supuesto se encuentra previsto como una causa justa de extinción del contrato de trabajo, en la práctica resulta inejecutable; principalmente, porque el Colegio Médico del Perú no ha establecido un procedimiento para dicho fin».

Con relación a la digitalización de documentos laborales, Espinoza Carranza destaca que actualmente existen plataformas virtuales que permiten una eficiente administración y gestión de este tipo de documentos. Además, indicó que implementar este tipo de soluciones informáticas genera una serie de eficiencias -principalmente, vinculadas al ahorro de tiempo y dinero- para los empleadores y trabajadores.

En lo referido a la jornada a tiempo parcial, el abogado de Rebaza, Alcázar & De Las Casas destacó que «resultaría interesante plantear un límite de horas semanal (independiente de la jornada), y no diario». Cabe señalar que, en un reciente informe, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indicó que la jornada de un trabajador a tiempo parcial debe ser inferior -en promedio, y dependiendo de su jornada- a cuatro horas diarias.   

Otra de las medidas de política planteadas se encuentra referida a la revisión y actualización de las normas que regulan el Teletrabajo. En este aspecto, el especialista explicó que el teletrabajo constituye una modalidad especial de prestación de servicios que, bajo las condiciones adecuadas, podría suponer un incremento en la productividad, gestión de tiempo y ahorro de costos vinculados con el transporte e infraestructura.

En lo que respecta a la modernización del Sistema de Inspección del Trabajo, el Ejecutivo ha propuesto ampliar la capacidad de fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y delimitar de manera idónea sus competencias. En esa línea, Espinoza Carranza sostiene que «resulta necesario identificar ciertas materias que deberían ser atendidas -de manera exclusiva- por el Poder Judicial».

Finalmente, se gestionará la creación de intendencias regionales, oficinas zonales y módulos itinerantes de atención con la finalidad de asegurar condiciones dignas de empleo a nivel nacional.


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