El titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Manuel Chuyo, ordenó el impedimento de salida del país para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, investigada por presuntos delitos de cohecho pasivo y lavado de activos. La medida dictada por un periodo de 8 meses alcanza también al exgerente municipal de Lima José Miguel Castro.

En su resolución, el juez consideró que lo dispuesto es “idóneo, necesario y proporcional” para esclarecer la presunta receptación por parte de la gestión de Villarán de US$ 3 millones de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria municipal en el 2013. De acuerdo con la Fiscalía, este desembolso fue entregado a cambio de ser favorecidas en la licitación de las obras Rutas de Lima y Línea Amarilla.

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Según el Ministerio Público la propia exalcaldesa de Lima solicitó el referido dinero al representante de Odebrecht en el Perú, Henrique Simoes Barata, monto que habría sido recaudado de la caja 2 de esta compañía brasileña, la cual estaba destinada al pago de sobornos para la obtención de licitaciones. Para corroborar tal imputación aludió a los testimonios de colaboradores eficaces, reportes de llamadas telefónicas entre Villarán y Barata, entrevistas sostenidas entre ambos, así como un presunto desbalance entre el gasto real en la campaña por la No Revocatoria con lo reportado oficialmente.

“Es altamente improbable que Villarán de Puente haya desconocido el apoyo económico que recibió para la campaña de la No Revocatoria, así como de los intereses que tenían las empresas brasileñas en las obras que fueron promovidas durante su gestión”, expresó el representante del Ministerio Público.