El abogado penalista, César Nakazaki, consideró que “usar el derecho penal para bajar la tensión es imposible, lo que hace el derecho penal es aumentar la tensión entre instituciones y poderes del Estado”, en relación al momento de tensión que viven el Poder Judicial (PJ), la Fiscalía de la Nación y el Congreso por la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“En los Estados constitucionales o democráticos de Derecho, que son los niveles más avanzados de organización que una sociedad puede alcanzar, lo que siempre se recomienda es que el derecho penal sea lo último que se utilice. Primero la vitamina, de ahí los antibióticos y la cirugía al final”, comentó.

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Entonces, prosiguió el jurisconsulto, iniciar investigaciones preliminares en este momento no ayuda, por eso es que resulta explicable que la presidenta del PJ y el Fiscal de la Nación (e) Pablo Sánchez no acudan a responder al Congreso en un momento que hay conflicto a partir de: se cumple o no se cumple con una resolución dictada como una medida cautelar en un proceso de amparo, remarcó.

Los congresistas debieron acatar el fallo del Poder Judicial sólo si fueron debidamente notificados, explicó el doctor Nakazaki, “porque los obligados a cumplir los mandatos judiciales son los que resultan demandados en el amparo y notificados con la medida cautelar”.

“Eso sí lo tienen que cumplir porque en caso la cuestionen tienen que apelar. Pero los que no han sido notificados, no han sido emplazados. No se genera esa obligación”, agregó.

Nakazaki afirmó que a estas alturas el Congreso no está en condiciones de designar a un miembro del TC. Sin embargo, reflexionó: “por favor, no nos acordemos que hay seis jueces del TC que tienen que ser cambiados. Sólo cuando los van a cambiar nos oponemos, no los cambiamos, al día siguiente nos olvidamos y seguimos precarizando al TC”.

Sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) opinó que es una institución con problemas. Afirmó que gran responsabilidad de la JNJ es no haber superado el descabezamiento de la Junta de Fiscales Supremos. “Y por eso hay tantos problemas”.

“Yo creo que entre el Congreso y la JNJ no hay una diferencia sustantiva. Lo que me parece es que en cualquier institución tiene que comprenderse que debe existir una legitimidad social y que, por tanto, la sociedad civil tiene que ser incorporada desde el comienzo en este proceso”, sentenció.