Grupo de Lima no reconoce legitimidad de elecciones en Venezuela
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.
En un comunicado, el Grupo de Lima informó que acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta.
Los gobiernos reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, “que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones y en la pérdida de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos”.
Decidieron presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.
A fin de atender la situación derivada por el preocupante incremento en los flujos de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país y por el impacto que esta situación está teniendo en toda la región, decidieron adoptar siguientes medidas.
Deploraron la grave situación humanitaria en Venezuela; y tomando en cuenta las implicaciones en materia de salud pública para toda la región, decidieron adoptar medidas.
Reiteraron el párrafo 4 de la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 y, con objeto de contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional, acordaron adoptar, siempre que su legislación y normativa interna lo permitan, medidas en el ámbito económico y financiero.
El Grupo de Lima anunció que continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país.
