Cuestión de confianza tiene prioridad en el Congreso, según constitucionalistas
El lunes 30 de septiembre el Congreso tiene previsto elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional (TC), sin embargo el presidente Martín Vizcarra en su Mensaje a la Nación cuestionó el procedimiento y anunció que planteará cuestión de confianza para modificar las reglas.
Ante este panorama, los constitucionalistas Omar Cairo y Augusto Medina sostienen que de acuerdo a la Carta Magna lo primero que debe resolver el Poder Legislativo es lo planteado por el Ejecutivo.
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“(El Parlamento) no podrá válidamente tramitar ningún otro tema incluido el proceso de nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional hasta que no haya concluido el trámite del proyecto de ley concomitante con la cuestión de confianza que planteará el presidente del Consejo de Ministros”, afirma Omar Cairo.
Por su parte, Augusto Medina cree que en caso el proyecto del Ejecutivo sea derivado a comisiones ordinarias, debería ser atendido con la urgencia del caso a fin de evitar la incertidumbre política. “La comisión se tendrá que pronunciar de forma inmediata y tendrá que volver nuevamente al pleno”, refirió.
Agregan que solo luego de ello se decidirá si se aprueba o no la cuestión de confianza y que mientras el proyecto siga su curso queda suspendida la elección de los magistrados.
“Hay dos posibilidades. Una: que se desapruebe el proyecto, en cuyo caso el presidente estará habilitado para disolver el Congreso, porque la desaprobación del proyecto inescindiblemente conlleva el rechazo de la cuestión de confianza; pero si se aprueba el proyecto, este proyecto será aplicable al procedimiento de elección en trámite”, indica Omar Cairo.
Esto implicaría que todos los postulantes sean evaluados bajo los criterios propuestos por el Ejecutivo, cuya propuesta aún no se conoce en detalle pero que según Salvador del Solar se seguiría definiendo con los votos del Parlamento.
Pese a lo expuesto, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se manifestó en desacuerdo con dilatar más la renovación del TC, algo que estima “indispensable” e “impostergable”.