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Comisión Permanente aprueba informe final que acusa a exministro Alfonso Adrianzén

Alfonso Adrianzén es acusado por el presunto delito de negociación incompatible en caso de compra de pruebas rápida para la COVID-19.
Alfonso Adrianzén

Comisión Permanente aprueba informe final que acusa a exministro Alfonso Adrianzén. Foto: Andina.

Comisión Permanente aprueba informe final que acusa a exministro Alfonso Adrianzén. Foto: Andina.
12:25 horas - Miércoles, 4 Junio 2025

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final de las denuncias constitucionales que recomienda acusar al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La decisión fue adoptada con 17 votos a favor y 4 en contra, en la sesión conducida por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez.

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Durante la sustentación del informe, la congresista María Acuña Peralta (APP), señaló que, según información periodística se habría identificado la participación del exministro en el pago irregular de 41 millones de soles efectuado por Essalud, a favor de la empresa Aionia Technology.

Esta empresa en mención fue contratada en 2020 para la adquisición de un millón de pruebas rápidas para la detección de COVID-19, pero incumplió los plazos de entrega estipulados en el contrato.

La congresista Acuña también señaló que la investigación parlamentaria incluye mensajes de WhatsApp entre altos funcionarios de Essalud y asesores, los cuales evidenciarían presiones e instrucciones para concretar el pago a la empresa, incluso fuera del horario laboral.

La denuncia constitucional contra Adrianzén Ojeda fue presentada por el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros y la entonces fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas.

DEFENSA DEL EXMINISTRO

Durante su intervención, el exministro Luis Adrianzén ejerció su derecho de defensa y rechazó las acusaciones, argumentando que carecen de sustento jurídico y se basan en una interpretación sesgada de los hechos.

Afirmó que su actuación como funcionario público se desarrolló estrictamente dentro de los límites legales del cargo y que nunca impartió órdenes ni autorizó pagos relacionados con el caso investigado.

“Lo que existió fue una legítima preocupación institucional ante la inoperancia de Essalud, y un intento por impulsar soluciones, como la creación de un viceministerio de Seguridad Social, que lamentablemente no prosperó”, señaló.

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