Aníbal Torres: Proyecto de ley sobre referéndum ofrece salida democrática a la inestabilidad política del país
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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que la profundidad de la crisis actual requiere una salida democrática, donde el poder constituyente pueda desplegarse y abrir un momento de diálogo hacia un nuevo pacto social. Así lo manifestó durante su exposición sobre el proyecto de ley de Reforma Constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución en el Perú.
"Esto implica, en primer lugar, consultar a los ciudadanos en un referéndum sobre su acuerdo o desacuerdo con establecer una nueva Constitución", afirmó ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República.
Explicó que el proceso constituyente implica entender la democracia como una manera de organizar la gestión del bien común de una sociedad, la amplitud de ese bien común y las propias características de la comunidad que quiere definirse en torno a ese bien. Agregó que, en circunstancias de crisis política, institucional y económica -donde la noción misma de “bien común” entra en tensión- es indispensable que el soberano discuta y defina los marcos de ese bien común.
"En virtud de los pedidos de la población, recibidos en los Consejos de Ministros Descentralizados (CMD) y la permanente inestabilidad política, el Proyecto de Ley N° 1840 es una salida democrática, a fin de que el poder constituyente pueda desplegarse y abrir un momento de diálogo hacia un nuevo pacto social", explicó a los parlamentarios.
Puntualizó que el régimen constitucional de 1993 ya no garantiza crecimiento, bienestar y consenso social, y como sociedad nos merecemos una oportunidad democrática, atendiendo las legítimas demandas de un sector que requiere ser consultado sobre el cambio constitucional.
Torres Vásquez señaló que en nuestro país existe la necesidad de una reforma integral y democrática de la Constitución. “Tomando en cuenta la crisis que vivimos y la necesidad de diálogo nacional que requiere salir de la crisis, establecer reformas parciales ya no es una opción. Los últimos cinco años la Constitución ha sido sucesivamente modificada con resultados mediocres a conveniencia del proponente de turno”, remarcó.
Señaló, por ejemplo, que en el 2019, con el Referéndum convocado por Martín Vizcarra, los peruanos aprobamos tres de las cuatro reformas constitucionales sometidas a referéndum. Lamentablemente, agregó, cambió muy poco el sistema político y el sistema de justicia.
Además, desde julio de 2021 la Constitución ha sido modificada por el Congreso para romper el equilibrio de poderes. En la práctica, cambios como limitar el derecho a referéndum, restringir la cuestión de confianza o abusar de la “vacancia por incapacidad moral” nos colocan en un régimen parlamentarista, añadió el Premier.
“Las reformas parciales no funcionan. Corresponde una discusión integral de la Constitución que incluya las principales reglas de juego políticas, económicas y sociales de convivencia nacional, y es oportuno que esa tarea la asuma no un grupo de congresistas, sino una asamblea plurinacional y paritaria de delegados elegidos por todos los peruanos”, resaltó.
El jefe del Gabinete Ministerial destacó que “el poder emana del pueblo y es un deber del Estado generar condiciones favorables para que este se ejerza a través del derecho a la participación política, y este Gobierno cumple con su compromiso de democratizar dicho proceso”.
Importancia del proyecto de ley
El premier Aníbal Torres manifestó que, en la actualidad, la población está más preocupada por acceder a alimentos y combustibles a precios competitivos y a fuentes de trabajo. En ese sentido, enfatizó que precisamente una Nueva Constitución puede atender estos problemas. "Son los grandes monopolios, oligopolios, acaparamientos, posiciones dominantes y especulaciones las que no quieren una nueva Constitución, porque fijan los precios de los bienes y servicios. Y fijan precios altos a los que no puede acceder la ciudadanía", acotó.
El presidente del Consejo de Ministros también descartó que el proyecto de ley busque prolongar el mandato del presidente Pedro Castillo, dado que ni el mandatario ni los ministros de Estado participarán en la redacción de la nueva Constitución.
"No se puede decir que el presidente quiere perennizarse en el poder, ya el proyecto indica que su mandato termina indefectiblemente cuando venza el periodo para el cual ha sido elegido (2026), como en el caso de los congresistas. Tampoco se puede decir que el Ejecutivo seleccionará a dedo a los constituyentes, porque todos serán elegidos por el soberano, por el pueblo", aseguró.
Torres Vásquez reiteró que, según el proyecto de ley presentado, solo la asamblea constituyente redactará la nueva Constitución, la cual será sometida a referéndum para que la ciudadanía la apruebe o desapruebe. "Solamente si la población la aprueba, tendremos nueva Constitución, en caso contrario, seguirá rigiendo la Constitución del 93", manifestó.
Datos
La fecha prevista del referéndum es el próximo domingo 2 de octubre, fecha del proceso Elecciones Regionales y Municipales 2022. La consulta que plantea el referéndum es: ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política? Ante lo cual, la ciudadanía responderá con “Sí” o “No”.
Sobre el plazo de elección de asambleístas e instalación, se dispone que esta se realice dentro del plazo de cuatro meses y su instalación dentro de los 15 días de la proclamación y acreditación de los asambleístas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Sobre la competencia de la asamblea constituyente, es encargada de elaborar y aprobar el proyecto en un plazo máximo total de 12 meses, contados desde su instalación.
La asamblea constituyente estará conformada por 130 asambleístas elegidos en distrito electoral múltiple. Se garantiza la participación de representantes de organizaciones políticas inscritas, candidatos independientes, representantes de la población indígena u originaria, así como afroperuana.
Podrán postularse como asambleístas los peruanos de nacimiento con 25 años cumplidos que gocen de derecho de sufragio.
Se establece la participación del Jurado Nacional de Elecciones, que, a través de su Pleno, tiene un plazo no mayor de 30 días calendario, desde publicada la presente reforma constitucional, para regular la distribución de escaños, la elaboración y aprobación del cronograma electoral, entre otros aspectos.
Con información de la PCM.
