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Incluyen a ochos empresas más como terceros civilmente responsables por caso “Club de la Construcción”

Ante una eventual sentencia en el caso, con esta medida, las compañías asumirán junto a los investigados el pago de la reparación civil por los daños causados al Estado.
12:03 h - Mié, 27 Oct 2021

El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que se incluyan a ocho empresas como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado “Club de la Construcción”.

La resolución emitida el pasado 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho establece que las empresas Superconcreto del Perú S.A.C, Enerjoprojekt Niskograndja S.A., Conalvías Construcciones S.A.S; Obrascon Huarte Lain S.A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., CONCAR S.A., Aramayo S.A.C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) deben ser incorporadas al mencionado caso, con el fin de que ante una eventual condena asuman el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados.

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Estas ocho empresas se suman a otras catorce compañías que ya han sido incluidas de la misma manera en el caso, a solicitud de la Procuraduría ad hoc: COSAPI S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A. (OBRAINSA), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Construcción y Administración S.A. (CASA), JOHE S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Queiroz Galvao S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Constructora OAS S.A., Mota Engil Perú S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A. y Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.

Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, los representantes de las referidas empresas habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías. Estos acuerdos se realizaban a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Hasta la fecha, el despacho de la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola ha embargado bienes y activos por un valor de S/ 214 millones a varios de los investigados y empresas vinculadas a este caso. Estos embargos se han realizado con el fin de asegurar la futura indemnización que pagarían a favor del Estado.


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