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Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao para fortalecer lucha contra el crimen

La medida también establece emergencia en Zarumilla, región Tumbes. Las medidas fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao para fortalecer lucha contra el crimen. Foto: difusión.

Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao para fortalecer lucha contra el crimen. Foto: difusión.
9:28 horas - Sábado, 28 Marzo 2026

El Gobierno prorrogó por 30 días, a partir del 30 de marzo, el estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, a fin de seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen y la delincuencia.

Además, declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Zarumilla, ubicada en la región Tumbes.

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Ambas disposiciones fueron establecidas mediante decretos supremos publicados en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, firmados por el mandatario y ministros de Estado.

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.

Asimismo, se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso.

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, se deberá presentar un primer informe al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos. El informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.

La implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente.

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