Este jueves, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de República firmaron un convenio interinstitucional con el objeto de establecer mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación interinstitucional dirigidos a intercambiar información y experiencia, así como desarrollar actividades de capacitación conjunta de promoción de ética, transparencia, buenas prácticas, integridad y lucha contra la corrupción.

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Walter Gutiérrez Camacho y Nelson Shack Yalta, titulares de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría respectivamente, explicaron que desarrollarán cursos y programas dirigidos a las/os funcionarias/os y servidoras/es públicas/os a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría y/o, a través del Centro de Estudios Defensoriales. Durante los dos años de vigencia del acuerdo, colaborarán en la difusión y publicidad de las campañas que organicen en materias vinculadas a su labor institucional y que tengan relación, con el objeto de luchar contra malas prácticas.

El defensor del Pueblo resaltó que ambas entidades han materializado un principio de colaboración que debe mantenerse en el tiempo entre las instituciones. 

“Hemos trabajado juntos en más de una vez, se ha buscado materializar lucha contra la corrupción, nos hemos reunido en más de una oportunidad para contribuir en la búsqueda de soluciones a problemas nacionales desde el Consejo de Estado así como para impulsar la reforma de la justicia”, acotó.

En tanto, el contralor de la República dijo que hoy se ha cumplido con un pendiente, que se continuará trabajando en la lucha contra la corrupción e insistió que se obtendrá logros en la medida que funcione el sistema de justicia.

La Defensoría del Pueblo y la Contraloría se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener, conforme a la legislación vigente sobre la materia, así como mantener absoluta confidencialidad, reserva de la información o documentación que produzcan o tengan acceso, como consecuencia de la ejecución del presente convenio y futuros que se pudieran suscribir, salvo que cuenten con la autorización expresa correspondiente de la otra parte para su divulgación o esta sea de dominio público.

Se precisa que tratándose de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el mismo no genera compromisos ni obligaciones financieras entre las partes, no supone ni implica el pago de contraprestación económica alguna entre ambas instituciones, sino la colaboración eficaz que contribuya al cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. Cada parte asumirá independientemente los costos y gastos que deriven de la ejecución de los compromisos asumidos.

Con información de Defensoría del Pueblo.