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Corrupción e inconducta generaron S/ 23 mil millones en pérdidas en el 2019

El Perú tiene un problema de corrupción que ha penetrado a todo el sistema y es estructural, señala informe de Contraloría.
20:17 h - Mié, 17 Jun 2020

En el 2019 el Perú perdió aproximadamente 23 mil millones de soles por corrupción respecto al presupuesto anual ejecutado, de acuerdo a un estudio que terminó la Contraloria General de la República, afirmó su titular, Nelson Shack

“El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural”, indicó el contralor. 

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Los 23 mil millones de soles representan aproximadamente el 15% de la ejecución neta del presupuesto del sector público del año pasado, por lo que se necesita cambios a los reglamentos para la ejecución de obras, agregó.

“Hay que eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”, aseveró.

En ese sentido, recalcó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico. “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”, remarcó.

Consultado sobre el programa “Reactiva Perú”, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios para empresas, dijo que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un servicio de control a dicha entidad para verificar si ha velado con salvaguardar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.

“Una de las preocupaciones que ya hemos transmitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una orientación de oficio que se comunicó hace un par de semanas es precisamente saber qué medidas va a aplicar para garantizar el cumplimiento del objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de pagos en la economía peruana”, comentó.

“Ahora vamos a empezar una segunda etapa de la estrategia de control por la emergencia COVID-19 que es la del control posterior, es decir identificar individualmente a los funcionarios responsables de las distintas irregularidades en la vía administrativa, civil y penal a propósito de toda la información que hemos desarrollado durante los más de 5,000 informes de control”, aseveró.


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