La Defensoría del Pueblo respalda el pedido de las diversas organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para que las autoridades electas de los 43 distritos de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao cumplan con garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como el fortalecimiento de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped), aplicando el enfoque de discapacidad en todos sus servicios, promoviendo la igualdad de oportunidades sin discriminación.

La falta de accesibilidad a la información, comunicación y accesibilidad física de los espacios públicos como avenidas, calles, parques y plazas, así como la falta de asignación de recursos a las Omaped es una demanda constante, pues esto redunda en limitaciones para promover el acceso a la educación, empleo, programas sociales, participación ciudadana y otros factores que permitan una real y efectiva inclusión en la comunidad.

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La Defensoría del Pueblo y las organizaciones de personas con discapacidad han advertido que las gestiones regionales y municipales no cumplen con asignar un presupuesto adecuado ni brindar los recursos necesarios, a pesar de la obligación de asignar el 1 % del presupuesto de su municipalidad en beneficio de todas las personas con discapacidad: 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica (en inmuebles municipales de atención al público) y 0,5 % para el funcionamiento de la Omaped.

Es así que, durante el evento de suscripción del petitorio, desarrollado el 14 de octubre, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, indicó que existe un problema público de discriminación estructural hacia las personas con discapacidad y que se requiere la intervención del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno. Anotó que las causas de discriminación se deben a un limitado acceso a los servicios públicos donde persisten los prejuicios y la vulneración de derechos, lo que evidencia una precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad.

“Es necesario recordar a las autoridades electas que tienen la obligación de garantizar ciudades inclusivas para personas con discapacidad a través de la eliminación de barreras y la aplicación de políticas públicas orientadas a una inclusión plena y efectiva que garantice la accesibilidad física, arquitectónica y de comunicación, para la eliminación de las barreras que impiden el ejercicio de la ciudadanía de este grupo vulnerable” acotó la funcionaria.

Por su parte, la representante de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Elizabeth Caballero manifestó que “este petitorio es un paso más en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Las demandas que cada organización y sus representantes han presentado sólo son una muestra de la ausencia de compromiso que las autoridades tienen con los derechos del colectivo”.

La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, remitirá este petitorio a las autoridades electas a fin de convocarlos a asumir el compromiso de liderar regiones y municipios inclusivos con servicios accesibles que garanticen la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad.