A fines del mes de julio, el gobierno peruano publicó el Decreto Legislativo Nº 1182, llamado también Ley de Geolocalización, con el fin de apoyar a la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado.

Esta norma autoriza la localización de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos móviles desde donde se cometen delitos como extorsión o secuestro.

"Tras la publicación de esta ley, la PNP queda autorizada a obtener datos de las operadoras telefónicas, como la ubicación de las antenas más cercas a donde se encuentra el presunto delincuente", señaló el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el general José Lavalle Santa Cruz.

Acceder a esta información dependía de la autorización del juez, lo que podía tardar hasta 3 meses. Hoy este plazo se recorta a 24 horas y le permitirá a la PNP actuar con inmediatez.

La norma también ordena a las empresas a conservar datos de todos sus usuarios, como las llamadas realizadas, duración y destino. Esto por un periodo de 3 años, con el fin de entregar dicha información a la PNP y de manera inmediata en caso lo sean requeridos.

Solo entre los meses de enero y abril de este año han sido registradas 1,667 extorsiones, es decir un aproximado de 13 intimidaciones diarias, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

El abogado experto en temas digitales Abel Revoredo, el docente en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Roberto Pereira y el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter) Jaime Reyes opinaron de la Ley de Geolocalización.