Con el objetivo de unificar la información sobre el número de víctimas de violencia familiar y sexual que son atendidos por los servicios de los distintos sectores del Estado, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Romero-Lozada, anunció la creación del Registro Único de Víctimas y Agresores.

“Vamos a conversar con el Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo porque estamos hablando de lo mismo, y este registro tendrá un uso importante porque todos debemos conocer quiénes son los agresores”, dijo.

Indicó que este documento será de gran importancia para integrar la información que manejan las instituciones que atienden esta problemática.

Informó además que su sector suscribirá un convenio con el Ministerio del Interior (Mininter) para ampliar su presencia gradual en las comisarías que estén ubicadas en los distritos con mayor incidencia de violencia familiar y sexual. De esta forma, las comisarías se verán reforzadas con personal en psicología, abogados y asistentes sociales del MIMP con experiencias en la atención de estos casos.

Además como parte del convenio entre ambos sectores, se incluirá como parte de la capacitación en las escuelas de sub oficiales y oficiales, el curso obligatorio de enfoque de género. “Las nuevas generaciones tendrán esta formación, pero los que están actualmente en las comisarías también tendrán capacitación”, explicó.

Informó que en los próximos cien días se implementarán 2 Casas de Acogida. En la actualidad existirían 36 de estos hogares que son administradas por instituciones privadas. Todas estas medidas forman parte de la estrategia del Círculo Protección Mujer anunciado por el Ejecutivo.

Comentó que su sector se reunirá con diversos medios de comunicación para trabajar juntos por una imagen positiva de la mujer. “Es importantísimo para que este Círculo Prevención Mujer funcione, cambiarle los códigos que tenemos en la cabeza respecto a lo que es el machismo. Trabajar con ellos campañas para la no violencia”, señaló.

De otro lado, Romero-Lozada, respaldó la labor del sector Salud en su trabajo de demostrar que la pastilla de Anticoncepción Oral de Emergencia, no es abortiva como determinara el Tribunal Constitucional.