Los vehículos de transporte público y privado que causen lesiones o muertes serán embargados para asegurar el pago de la reparación civil a favor de las víctimas o sus deudos. La medida cautelar, denominada "secuestro conservativo", está regulada a través del Decreto Legislativo 1190, publicado hoy.

La retención del vehículo será solicitada por el fiscal al juez a cargo del caso, quien dictará la medida de embargo, sin mediar mayor trámite que el indicado.

Además, el juez designará a un custodio del vehículo, que no podrá ser el propio imputado o tercero civilmente responsable.

En el caso de que el vehículo haya sido dañado durante el delito, el fiscal tendrá la obligación de identificar otro bien de la persona responsable, con el objetivo de proceder a la retención del mismo.

No obstante, también el propietario de la unidad podrá solicitar la variación de la medida, ofreciendo una garantía u otro bien que asegure el pago de la reparación civil.

En un máximo 90 días, en Consejo Ejecutivo del Poder Judicial diseñará un Registro de Vehículos Motorizados de Servicio de Transporte Público o Privado,  para identificar las unidades que serán afectadas con la medida de secuestro conservativo.