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Ica: Contraloría investiga a 325 funcionarios por faltas graves

19:10 horas - Martes, 10 Marzo 2015

La Contraloría General de la República está procesando a 325 funcionarios de la región Ica por presuntas faltas administrativas graves y muy graves al estar facultada para ello.

De hallarse responsables, estos podrían ser inhabilitados hasta por 5 años para trabajar en el Estado.

Al respecto, el contralor Fuad Khoury informó que se han encontrado presuntas irregularidades en las municipalidades provinciales de Pisco, Ica, Chincha y Parinacochas, entre otras entidades.

Señaló que también se encontraron presuntas irregularidades en el proyecto "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital San José de Chincha", ejecutado por el gobierno regional, donde se invirtieron S/. 37.5 millones.

Detalló que en este caso los ex funcionarios del gobierno regional habrían dado la conformidad al contrato suscrito pese a que el ganador de la buena pro no presentó toda la documentación requerida y se aceptó una garantía emitida por una empresa que no se encontraba bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Otro caso importante que fue mencionado está referido a la municipalidad distrital de Marcona, donde se detectó que ex funcionarios ediles habrían favorecido indebidamente al postor en el proceso de selección para la contratación y ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona" que involucra un monto de S/. 9.6 millones.

Control Institucional de Ica pasó a la Contraloría

El presidente del gobierno regional de Ica, Fernando Cillóniz, entregó al contralor Fuad Khoury el manejo del Órgano de Control Institucional (OCI), que está encargado de la labor de fiscalización interna de los bienes y recursos públicos que maneja la entidad.

De esta manera, el gobierno regional tendrá un OCI efectivo, oportuno, autónomo e independiente para prevenir la corrupción. Esta decisión histórica fue adoptada luego de que ambas entidades suscribieran el “Pacto por la Integridad” que promueve una gestión pública limpia y eficiente mediante la mejora de los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

(NDP)

 

 



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