Hoy se cumplió 12 años desde que la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) presentó un extenso y detallado informe sobre la violencia interna que el Perú vivió entre los años 1980 y 2000. Familiares y desplazados piden que se apruebe una ley de búsqueda e identificación de víctimas.

Se trata de un documento que, además de dar cuenta de las muertes de cerca de 69,280 mil víctimas, también dio recomendaciones para resarcir el daño y lograr que no se repita el episodio de violento más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República.

El informe también reveló que el enfrentamiento también provocó enormes pérdidas económicas, expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población y que llegó a involucrar al conjunto de la sociedad.

También se constó que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia.

La población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaba en actividades agropecuarias. Esas cifras contrastan con las del censo de 1993, según el cual el 29% de personas vivían en zonas rurales y el 28% de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.

La CVR señaló graves y masivas violaciones de DDHH, que habían cometido las organizaciones subversivas, en primer lugar, y por el Estado peruano, en segundo lugar, recordó hoy Salomón Lerner Febres, ex titular de la referida comisión.

Sobre la importancia del informe de la CVR, el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, expresó hoy: “El informe de la CVR, luego de varios años de violencia que sufrió el país, era una necesidad y un derecho de los pueblos, porque es un derecho la memoria, la verdad y la justicia. Este era un paso obligado”.    

En lo que va del Gobierno, casi 500 millones de soles se ha pagado por concepto de reparaciones económicas a las víctimas de la violencia terrorista.