La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, aseveró que uno de los tres cargos contemplados para resolver la destitución del ahora ex fiscal superior Pedro Chávarry, es el deslacrado de oficinas.

“Hay que pensar qué representa el Fiscal de la Nación como defensor de la legalidad, como representante de la institución encargada de perseguir el delito. Evidentemente las exigencias de conducta son mayores al de cualquier otro funcionario medio y esto está establecido tanto en los códigos de ética como en los documentos internacionales que regulan la conducta de jueces y fiscales”, manifestó.

[Lee también: Congreso: Comisión de Ética abre investigación a Alberto de Belaunde]

La magistrada recordó que todo se inició a través de una decisión de oficio de la JNJ. “Se ha seguido un procedimiento administrativo sancionador en el que se ha respetado el derecho de defensa del investigado, se actuaron las pruebas y el Pleno de la JNJ ha llegado al convencimiento y ha formado convicción fuera de toda duda razonable de la responsabilidad que cabe al Sr. Chávarry”.

Explicó la titular de la JNJ que Pedro Chávarry tiene la opción de un recurso de reconsideración ante la propia Junta; “es decir, nos da la oportunidad de que revisemos nuestra decisión para ver si hemos incurrido en alguna apreciación o un error que no se corresponde con lo que se ha actuado en el proceso”.

El separado magistrado podrá optar por una acción contenciosa administrativa o una acción de amparo y agotada la vía nacional tiene la vía internacional “en instancias como la CIDH. Es por eso que la JNJ ha declarado y lo mantiene: somos muy respetuosos de los estándares que han fijado los organismos internacionales de derechos humanos. Aplicamos los criterios de la CIDH”, señaló.