El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, precisó que la garantía del antejuicio constitucional que ampara a los altos funcionarios públicos que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, como parecería ser el caso del expresidente Alejandro Toledo, solo tiene un plazo de hasta cinco años después de haber finalizado su mandato.

Agregó asimismo refirió que en los casos en que no existe tratado de extradición con otro país, existe el principio de reciprocidad, por el cual un país entrega a otro a un procesado. No obstante, dijo que eso depende de la buena voluntad y de decisión política.

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Además, precisó que el fiscal podría pedir alguna medida cautelar de carácter personal, como una detención preliminar o la prisión preventiva ante el Juez de Investigación Preparatoria.

Finalmente, señaló que las personas investigadas deben "presentarse y dar la cara para que se defiendan" al asegurar que en el Poder Judicial "no hay linchamientos, ni ensañamiento, por el contrario, se respetan las garantías del debido proceso y al final los jueces dirán su palabra".