El presidente del Congreso de República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aseguró que no permitirá que se ejecute un eventual orden de allanamiento contra los congresistas que son incluidos en la investigación de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, por presunta red criminal.  

A través de sus redes sociales, precisó que no aceptará una “intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”.

[Lee también: Petroperú denuncia nuevo ataque al oleoducto norperuano en Amazonas]

"Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado", se lee en su cuenta de ‘X’.

Este pronunciamiento se da luego de que el legislador Édgar Tello (Bloque Magisterial) afirmara un supuesto allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas, en las próximas semanas, “motivado aparentemente por la fiscal Delia Espinoza”.

"Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo. Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona, pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático", señaló Tello.

CONGRESISTAS PRESENTAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA DELIA ESPINOZA

Cinco congresistas presentaron denuncia constitucional contra la Fiscal Suprema Delia Espinoza, quien los incluyó en la investigación que se sigue contra exfiscal de la nación, Patricia Benavides, por el caso 'La fiscal y su Cúpula de Poder'. Además, piden que la inhabiliten por 10 años para ejercer cargos públicos. 

Los parlamentarios que firman el escrito son Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) e Ilich López Ureña (No agrupado) presentaron este viernes la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

Los cinco de los 14 legisladores, investigados por el Ministerio Público, acusan a Delia Espinoza de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública por haberlos incluído en las investigaciones preliminares que se realizan en el caso contra Patricia Benavides tras el testimonio de Jaime Villanueva.