El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, afirmó que "hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte de más de 60 personas" durante las protestas registradas en Perú.

En una reunión con autoridades políticas, civiles y policiales de nuestro país, el relator de la ONU también señaló que no ha recibido evidencia de que los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales sean “terroristas”. En esa línea, pidió no estigmatizar a los manifestantes. 

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“En todas las ciudades que he visitado, en donde hubo una manifestación, a través de mi conversación con las fuerzas del orden y las comunidades, realmente no he visto ninguna evidencia de que ellos sean terroristas. Ellos son peruanos que están manifestándose”, declaró.

En otro momento, el diplomático de la ONU pidió a la justicia peruana que las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas sean "transparentes, independientes y que incluyan a las víctimas para poder saber exactamente qué sucedió y bajo qué condiciones se dio ese exceso de fuerza".

Clément Voule también se refirió sobre un reciente fallo de la Corte Suprema, que califica como delito a las marchas violentas. Indicó que esta resolución puede ser confusa para la ciudadanía. 

“Me sorprendió la decisión que se emitió el día de ayer en un proceso de casación, aún lo estoy analizando. En mi opinión, van a enviar un mensaje muy confuso de que la reunión (protesta) pacífica ya no es un derecho”, sostuvo. 

PJ ACLARA QUE GARANTIZA LA PROTESTA PACÍFICA

El Poder Judicial (PJ) aclaró este miércoles 17 de mayo que garantiza y respeta el derecho a la libertad de protesta, siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica y no vulneren los derechos de terceros.

“El Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la legítima protesta pacífica, por lo tanto no podría sancionar una conducta de esta naturaleza”, explicó en un comunicado.

El pronunciamiento del PJ se da luego de que se conociera la sentencia casatoria 1464-2021/Apurímac de la Corte Suprema, que considera a las marchas violentas como un delito.