El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Gustavo Adrianzén, hizo un balance sobre los 100 primeros días de gestión al frente de la cartera a su cargo, destacando así la difícil labor que realizó la Procuraduría encargada de la extradición del empresario Martín Belaúnde Lossio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Recordó también la labor que realizó su sector en el restablecimiento del orden en la entonces convulsionada provincia de Islay, en Arequipa, donde se realizaron protestas en contra el proyecto minero Tía María.

Asimismo, no dejó de mencionar el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso Chavín de Huántar, quienes reconocieron que el uso de la fuerza, por parte del Estado peruano, se produjo en el marco de una operación de rescate que tuvo como único objetivo lograr la liberación de los rehenes por miembros del grupo terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Finalmente, recordó que el Minjus recibió con satisfacción el encargo del Congreso de la República de legislar en materia de régimen penitenciario, sistema nacional de Registros Públicos y sistema de Defensa Jurídica del Estado, entre otros.

“Todos los pedidos formulados por el sector Justicia hacia el Congreso de la República fueron aceptados y con votaciones muy altas. Esto nos compromete doblemente en realizar un trabajo eficaz y sumamente rápido. Las expectativas puestas en la delegación de facultades las tenemos como una meta a corto plazo y estamos seguros que podremos satisfacerlas”, dijo tras supervisar la puesta en marcha del primer sistema de bloqueadores de llamadas por celular instalados en el establecimiento penitenciario de Cañete.