El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Luis Valdez, dijo que “sería un pésimo precedente” acceder a la pretensión del Poder Judicial de, a través de una medida cautelar en un proceso de amparo, suspender de forma temporal la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“Es como aceptar que un juez, hoy ordinario de primera instancia, establezca la nulidad del proceso de elecciones y de la segunda vuelta porque el JNE tenga que presentar las actas. Y esa intromisión a la función del JNE es la misma que hoy está haciendo esta juez suplente supernumeraria contra el Parlamento”, precisó.

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Remarcó que el artículo 93 de la Constitución Política establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo de ningún órgano, ni siquiera de los órganos jurisdiccionales, según dice la Constitución.

Y que este artículo se interpreta sistemáticamente con el artículo 201 que establece que el Congreso de la República y los congresistas, de manera exclusiva y excluyente, son los competentes para elegir a los magistrados del TC.

“No es el Poder Judicial, no es otro órgano del Estado. Para nosotros es una interferencia a las competencias exclusivas del Congreso que no se puede tolerar porque con esa misma razón se podrían entrometer, invadir otras facultades de otros poderes del Estado. Y eso es inaceptable cuando, conforme al artículo 93, hay una separación de poderes. Ni nosotros podemos invadir las competencias del Ejecutivo ni del Poder Judicial, ni ellos tampoco pueden invadir nuestras competencias”, declaró.

Los congresistas gozan de legitimidad hasta el próximo 26 de julio, respondió luego de explicar que “tenemos que analizar las normas de manera objetiva. No es porque si me gusta o no me gusta. No es porque si no me gusta no se puede elegir ahora”.

Dejó en claro que su partido APP no apoyará a ningún postulante “que tenga cuestionamientos de orden social, mediático, queremos llevar con nuestro voto a magistrados que tengan catadura moral, experiencia comprobada, que puedan darnos la garantía de establecer un Estado constitucional de derecho acorde con lo que necesitamos en el Perú”.