A través de un pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, rechaza por sus implicancias negativas el proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana".

Según el documento, el referido proyecto resulta inviable jurídicamente, debido a que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son considerados imprescriptibles, lo que podría resultar en impunidad y violaciones al derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.

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El comunicado considera que la propuesta normativa en relación con el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad es evidentemente inconstitucional, al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional

Además, destaca que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos

El documento precisa que la aplicación de esta ley podría significar el archivo o conclusión de un importante número de investigaciones y procesos judiciales, declarando la prescripción de la acción penal en alrededor de 600 casos emblemáticos, como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, Santa -Aldo Velázquez, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca, entre otros. Incluso impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados.

Asimismo, el comunicado señala que la aprobación de este proyecto de ley afectaría a más de 550 víctimas,a sus familiares y a la sociedad en general, quienes tienen derecho a conocer la verdad.  El documento precisa que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el comunicado de la Junta de Fiscales, hace un llamado a la reflexión y análisis para que el proyecto de ley sea archivado, por constituirse en una ley inconstitucional.