El presidente Martín Vizcarra presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que delega el otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para establecer medidas de urgencia a fin de deshacinar los penales y centros juveniles del país por riesgos de contagio de COVID-19.

El documento, en el que se plantean la cesión de facultades en materia penal y penitenciaria por el plazo de 7 días calendario, está dirigido al titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama, a quien se le pide que lo evalúe con urgencia, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución.

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Cabe señalar que esto ocurre luego que el Parlamento archivara el proyecto de ley que el Gobierno había remitido al respecto con anterioridad, situación que fue criticada tanto por el jefe de Estado como por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda.

Es su momento, el titular del sector hizo un llamado al Congreso a trabajar con los tres poderes del Estado y reflexionar con responsabilidad y seriedad por tratarse de un tema de Estado y no solo del Poder Ejecutivo.

Aclaró que ellos pedían facultades para que se dé el marco legal y que los jueces actúen en consecuencia. También descartó el cálculo político "cuando se trata de salvar la vida de alguien".