Política

Dina Boluarte: Comisión Permanente archiva denuncia contra presidenta y exministros por muertes en protestas

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había declarado improcedente la denuncia contra la jefa de Estado y otros funcionarios.
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Además de la presidenta Dina Boluarte, la denuncia incluía a tres exministros de su gestión. Fuente: Presidencia del Perú

Además de la presidenta Dina Boluarte, la denuncia incluía a tres exministros de su gestión. Fuente: Presidencia del Perú
8:54 horas - Jueves, 8 Junio 2023

La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales realizadas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

La denuncia comprendía, además, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro de Defensa y actual jefe del gabinete, Alberto Otárola; y al exministro del Interior, César Cervantes, por las acciones asumidas durante las manifestaciones y el rol que desempeñaron las fuerzas del orden.

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La imputación fue interpuesta por la parlamentaria Ruth Luque y otros colegas de su agrupación Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente este recurso el pasado 5 de mayo.

Ya en la Comisión Permanente, la congresista Sigrid Bazán solicitó reconsiderar la votación; no obstante, este pedido fue rechazado, por lo que la denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra y exfuncionarios de su gestión pasó al archivo.

DINA BILUARTE: ¿POR QUÉ SE RECHAZÓ LA DENUNCIA?

Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante el periodo en el que se produjeron las protestas, también ocurrieron actos de violencia contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura.

Asimismo, se resaltó la vigencia del estado de emergencia decretado en ese entonces por las protestas sociales y el marco legal que regula al accionar de los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en dichos contextos.

En ese sentido, se asume que, como no se había demostrado si hubo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, ni que alguno de los investigados lo hubiera reconocido, no podrían establecerse responsabilidades, por lo que se declaró la denuncia como improcedente.



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