El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a través de un pronunciamiento, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, que reevalúe las designaciones realizadas en el Gabinete Ministerial, presidido por Guido Bellido.

“Si bien la designación de ministros de Estado constituye una facultad del presidente de la República, reconocida en la Constitución, este acto debe cumplir ineludiblemente con un conjunto de principios recogidos en nuestra propia Carta Fundamental”, inició.

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Explicó que el nombramiento de los citados funcionarios no solo se encuentra sujeto a un control político posterior por parte del Congreso, sino que “exige al propio mandatario llevar a cabo un control constitucional previo sobre las cualidades y méritos de las personas por él elegidas”.

Asimismo, el titular de la Defensoría comentó que el combate contra la corrupción constituye un deber constitucional de obligatorio cumplimiento. “La corrupción representa un peligro para la buena marcha de la administración pública, deslegitima a las instituciones y atenta contra la moral, la justicia y el desarrollo integral de nuestro país”.

“Por consiguiente, los funcionarios que integran un gabinete ministerial deben encontrarse completamente alejados de toda sospecha de corrupción. (…) Debe tenerse presente que presunción de inocencia no es un derecho absoluto y, por tanto, puede restringirse frente al interés general que representa el principio de la buena administración pública”, agregó.

Añadió que un principio recogido en la Constitución es el deber de garantía de los derechos humanos. “Este primordial mandato no puede ser realizado por personas que han afectado estos derechos. En consecuencia, quien ha justificado la violencia terrorista, agredido a mujeres, colocado en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, discriminado a personas LGBTI, entre otras conductas, no debe ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza”.

En otro momento, Gutiérrez Camacho declaró que el terrorismo constituye la más grande afrenta a los derechos humanos. “Reiteramos que ninguna persona investigada o condenada por terrorismo puede desempeñar cargos públicos”.

Por último, consideró que se reevalúe las designaciones ministeriales efectuadas. “Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad, mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución”.

🔴#EnVivo "El presidente de la República debe tomar en cuenta para designar a sus funcionarias/os públicas/os que estas personas estén alejadas de la corrupción, ya que este flagelo roba derechos", defensor del pueblo, @WGutierrezPE Vía #FacebookLive ▶️ https://t.co/UIZSHbQ6XM

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) August 4, 2021