La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la comisión multisectorial encargada de la renegociación del contrato del gas de Camisea, la cual será presidida por el titular de la PCM, e integrada por los ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores. También la integrarán el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y el presidente de Perupetro. 

De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 108-2021-PCM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, esta comisión es de naturaleza temporal y se encargará de “evaluar los alcances y acciones para ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos que permita su masificación a nivel nacional y viabilice el desarrollo de las actividades y proyectos de gas natural en el país, en beneficio de todos los consumidores”, se lee en la norma. 

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La citada resolución establece que este grupo de trabajo tiene como funciones elaborar un informe final que contemplará las siguientes tres propuestas: ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel nacional; el desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su masificación en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna; y los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a nivel nacional. 

También precisa que la secretaría técnica de la comisión multisectorial recae en Perupetro, empresa que será la responsable de brindar el apoyo técnico y administrativo durante su vigencia. 

La comisión multisectorial se instalará dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución y su labor tendrá una vigencia de 60 días hábiles, plazo en el cual presentará al Ministerio de Energía y Minas un informe final sobre las funciones encomendadas. 

Asimismo, se establece que el financiamiento de esta comisión multisectorial no demandará recursos adicionales al tesoro público y los gastos que genere serán financiados con cargo al presupuesto institucional de cada entidad participante.