Congreso: comisión aprueba dictamen que establece penas más severas para estafas digitales y telefónicas
Comisión de Justicia aprueba dictamen que establece penas más severas para estafas digitales y telefónicas. Foto: Congreso.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen que plantea modificar el Código Penal para incorporar nuevos supuestos de estafa agravada y falsedad genérica agravada.
El grupo de trabajo respaldó, con 18 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención, el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 04097/2022-CR, 06366/2023-CR, y otros.
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La iniciativa busca sancionar con mayor severidad las estafas cometidas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o medios electrónicos de difusión masiva. Asimismo, incorporar como agravante el abuso de confianza derivado de una actividad profesional o empresarial.
Según el texto aprobado, la pena para estos casos de estafa agravada será no menor de cuatro ni mayor de ocho años de prisión, además de 90 a 200 días-multa.
Además, el dictamen incorpora sanciones para quienes otorguen, expidan u ofrezcan certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grados académicos, títulos profesionales o niveles de especialización sin que el beneficiario haya realizado los estudios correspondientes.
En esos casos, la pena será no menor de 3 ni mayor de 5 años de cárcel.
Es importante señalar que la propuesta responde al incremento de modalidades de fraude que emplean herramientas tecnológicas, suplantación, manipulación y anonimato digital, lo que dificulta la identificación de los responsables y genera afectaciones patrimoniales a los ciudadanos.
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
En otro momento, la Comisión de Justicia aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1724/2021-CR, 2561/2021-PE, 2855/2022-CR, entre otros, vinculados a la modificación del Decreto Legislativo 1326, norma que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado.
El dictamen, aprobado con 13 votos a favor y 2 abstenciones, busca fortalecer la defensa jurídica estatal mediante cambios en las funciones de la Procuraduría General del Estado, el proceso de selección de procuradores públicos, la evaluación de desempeño y la designación de procuradores provisionales.
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