La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este miércoles, desde las 09:00 horas, para ver la denuncia constitucional contra la congresista Digna Calle (Podemos Perú), por ausentarse del país durante varios meses.

En esa línea, mañana se consultará si otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a las denuncias constitucionales presentadas contra la legisladora.  

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Se trata de las denuncias Constitucionales 398 y 399 interpuestsa por las legisladoras Kelly Portalatino Ávalos y Roselli Amuruz, contra Digna Calle Lobatón, en su condición de congresista de la República, por la presunta infracción de los artículos 92 y 93 de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de abandono de cargo, artículo 380 de Código Penal.

La consulta del plazo para la investigación y presentación del informe se da en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación constitucional.

“El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, señala el Reglamento. 

Digna Calle regresó de Estados Unidos el pasado 5 de setiembre luego de permanecer más de siete meses en ese país. La parlamentaria aseguró que no acudirá a las sesiones plenarias.

OTRAS DENUNCIAS QUE VERÁ LA COMISIÓN PERMANENTE

También se verá la denuncia constitucional 369, presentada por el congresista José Cueto (Renovación Popular) contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional (PNP) en noviembre del 2020.   

Según el documento, se acusa al exmandatario y a los exministros en mención de presunta infracción a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución y el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.