Tras la noticia de las vacunas irregulares en 487 personas, entre ellos funcionarios públicos, el abogado penalista, Carlos Caro, explicó que “existe una responsabilidad penal en la vacunación de funcionarios del Estado y en el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), habría una infracción, ya que el Código Penal equipara la vacuna como un bien público”.

De acuerdo con el abogado penalista, Sinopharm al ser una empresa del Estado chino se establece una relación de derecho público. Respecto a las vacunas experimentales, resaltó que la Universidad Peruana Cayetano Heredia tenía una posición de garante, en la cual debía custodiar y administrar conforme a ley la inoculación de estas vacunas.

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“El haberse desviado estas vacunas experimentales a terceras personas que no estaban previstas dentro del contrato del aforo que había con la empresa, evidentemente, implica una infracción de la regulación aduanera, de la regulación sanitaria, de la regulación de la emergencia, pero también -incluso- de la regulación penal porque los funcionarios públicos están absolutamente prohibidos de recibir cualquier de dádiva”, recalcó Caro.

Respecto al expresidente, Martín Vizcarra, remarcó que la Fiscalía de Nación abrió una investigación en contra de él, “ya que resulta responsable por 2 delitos: el delito de función y, por otro lado, el delito de negociación incompatible”. En cuanto a los receptores (familiares o personas de cercanía a los funcionarios públicos) también podrían alcanzar las responsabilidades en varios ámbitos, “por falsedades en las que sus declaraciones no son acorde a la verdad”.

Asimismo, explicó que el Congreso dentro de sus potestades puede tomar la decisión de inhabilitar al exmandatario Vizcarra, por lo que quedaría fuera de la carrera electoral. “El Congreso tiene entre manos una herramienta legal para afectar al señor Vizcarra, a la señora Mazzetti y a la exministra, excanciller, Astete; eso es algo que se puede instar y el Congreso de forma autónoma puede aplicar este tipo de apremios”.

Cabe resaltar que, las vacunas son consideradas un bien público. "Estamos hablando de un bien escaso, de una pandemia, una crisis sanitaria, una emergencia nacional declarada; evidentemente esta vacuna, este elixir, para poder salvar a la población del COVID-19, tenía que ser administrado de una forma mucho más transparente”.