El presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo, dijo sobre los conflictos sociales alrededor de la propiedad privada minera que es importante entender que la violencia no puede ser un medio para conseguir negociaciones o resultados vía ese tipo de chantaje.

“Para nosotros es positivo ver lo que está sucediendo ahora, hubiera sido mejor evitar que pasara”, comentó.

[Lee también: Presidente Castillo acepta renuncia de Luis Barranzuela como ministro del Interior]

En ese sentido, también dijo que para ellos fue tan alarmante como los niveles de conflictividad y violencia, “la respuesta del Poder Ejecutivo que prácticamente en las declaraciones de la primera ministra y del ministro de Justicia normalizaban o se parcializaban, inclusive, en algún momento estuvieron tejiendo una conspiración desde el sector empresarial que nosotros definitivamente rechazamos”.

Y luego añadió: “Y vemos que el ministro de Justicia ha corregido mediante un tuit lo que dijo en un medio televisivo”.

El problema no es que nos queramos hacer los difíciles, prosiguió Óscar Caipo. Afirmó que no es la primera vez que hay expresiones que tratan de descalificar o criticar al sector privado. Se ha convertido en la constante de este gobierno y luego rectifica, sentenció.

“Entonces da la impresión que tuvieran muy a flor de piel y posiblemente con algunos sesgos ideológicos estos temas muy marcados. Sabemos que es un gobierno de izquierda, pero creo que cuando alguien llega a ser una autoridad y a ser gobierno tiene que ser imparcial, tiene que ser equilibrado. Tiene una gran responsabilidad que es gobernar a todos los peruanos”, comentó.

Entonces, insistió el titular de la CONFIEP, prejuzgar o en algunos casos prácticamente acusar no debería repetirse si es que tendemos a generar el clima de conciencia que necesita el país para recuperar la economía de las personas, recuperar el trabajo y salir adelante.

De otro lado, indicó que la tregua obviamente es bienvenida. La considera necesaria porque se llegó a niveles de conflictividad en varios lugares del país y no sólo en el sector minero. “La verdad que son preocupantes. No sólo por lo que significa la conflictividad social y los efectos que puede tener sino hasta donde llegaron, el nivel de violencia, vandalismo, destrucción de la propiedad privada y poner en peligro a los trabajadores y a las personas”, señaló.