El relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Perú (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, dijo que sí hay una amenaza a la democracia y que, por lo tanto, la posición de la comisión es que existe un riesgo a la institucionalidad y al proceso democrático.

“Me parece que sí la hay, que hay un riesgo y de hecho el día de ayer cuando se hace la invocación de la Carta Democrática Interamericana la posición de la comisión, que fue en síntesis resumir la visita de trabajo, es que existe un riesgo. Un riesgo a la institucionalidad y al proceso democrático”, señaló.

¿Y en base a qué indica que hay un riesgo?, preguntó. En que hay figuras constitucionales, principalmente tres de ellas, como son: la vacancia presidencial, la acusación constitucional, y también una figura que existe en Perú sobre la posibilidad de disolver el Congreso, que han sido utilizadas en los últimos seis años de manera subjetiva, precisó el relator CIDH.

“De hecho, que en estos años han existido cinco distintos presidentes, tres parlamentos y, sin duda alguna, el escenario de este cruce de acusaciones y de denuncias pone en riesgo que efectivamente un presidente que, digamos, como ha ocurrido en los recientes seis años, que la ciudadanía y un sufragio los elige para un período constitucional, pues, eventualmente, no pueda terminar el período para el cual fue electo”, comentó.

Y básicamente ese es el escenario, agregó. La Carta Interamericana cuando se invoca y cuando la OEA resuelve, en este caso fue por unanimidad darle respaldo a esa solicitud, pues lo que se pretende es que, si existen investigaciones, procedimientos, acusaciones, se lleve a cabo conforme al propio diseño constitucional del Estado, manifestó.

“Es decir, no se indica que se actúe en una u otra manera más que apegado al rigor de cada norma constitucional aplicable al caso. De no ser así, se podría dar una alteración al orden institucional”, indicó.

De otro lado, especificó que luego de varias reuniones que sostuvo la CIDH se comprobó la crisis que se da en la arena política.  

“Una crisis de carácter constitucional con una serie de hechos, algunos de ellos inéditos, como alguna denuncia de la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. También una acusación constitucional con la misma fiscal, también en el Congreso y, digamos, un procedimiento abierto de carácter constitucional contra la vicepresidenta de la República del Perú”, puntualizó.

Frente a esto la CIDH se pronunció a través de un comunicado de prensa. “Y la posición de la comisión es que esta crisis que está planteada para resolverse tiene que coincidir un actuar de las diferentes instituciones; Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía, y distintos actores tienen que conducirse con estricto apego al principio de legalidad y del debido proceso, con parámetros objetivos, evitando criterios subjetivos o de índole política, para resolver desde un punto de vista jurídico los diferentes señalamientos y planteamientos que se están dando en estos momentos”, declaró.